¿Por qué arden, año tras año, los montes del noroeste de España?

Este es el título de un escrito que nos ha llegado el lunes 24 y que apoyamos desde A.N.A.

El texto es largo pero no tiene desperdicio.

La respuesta es bastante simple: porque hay quien tiene intereses en la economía del fuego.

A estas alturas, a nadie medianamente informado y cabal, se le ocurre dudar del origen intencionado de prácticamente la totalidad de los incendios que se producen en la “España húmeda” (Galicia, Asturias, Cantabria, León, Burgos, Palencia, Zamora,…). También ha desaparecido la idea del pirómano lunático que disfruta con la visión del fuego devorando las laderas. Hoy en día quien permite que se incendien y que ardan los montes es la economía cortoplacista del fuego.

Del mismo modo que las guerras pueden ser interpretadas como “necesarias” para el sector de la industria armamentística y pueden ser vistas como una oportunidad de negocio para los lobbies de la reconstrucción, así los incendios forestales pueden ser entendidos imprescindibles si se ha creado una economía del fuego. Y la cosa se complica aún más si las propias administraciones públicas forman parte de ese entramado económico, donde no se sabe muy bien dónde acaba lo público y dónde comienzan los intereses exclusivamente privados.

Los incendios forestales son, sin paliativos, una tremenda desgracia para el conjunto de la sociedad. Todo son pérdidas: biomasa fotosintética (producción de oxígeno y fijación de dióxido de carbono), nutrientes minerales, suelo, capacidad de retención hídrica, biodiversidad, patrimonio natural, patrimonio cultural, recursos económicos,…

Sin embargo, en el mismo momento del incendio y tras él, aparecen una serie de yacimientos de empleo y de negocio proporcionales a la magnitud del desastre ambiental. La extinción por tierra representa empleo duro y sacrificado, pero empleo al fin, para los brigadistas. A la vez reporta importantes ingresos a las grandes empresas forestales que moverán maquinaria pesada para atajar las llamas. La extinción por aire supone un mínimo empleo público y una oportunidad de negocio para las compañías privadas de aeronaves. Los municipios afectados reclamaran la declaración de zona catastrófica y demandarán recursos extraordinarios a las administraciones. Los propietarios de ganado, una vez conseguida la anulación de los acotamientos de zonas quemadas (a nivel legislativo en Asturias y a nivel administrativo en el resto de comunidades) podrán soltar sus vacas y yeguas en las laderas recién quemadas para aprovechar las primeras hierbas que salgan tras el fuego. Las empresas madereras retirarán, a precio de saldo, la madera quemada para evitar males mayores como las plagas forestales y con ella obtendrán beneficios económicos. Las grandes empresas del sector forestal pujarán por adjudicarse los futuros trabajos de restauración y de reforestación que las administraciones ofertarán a concurso público. Esas grandes empresas se llevarán la mayor parte del beneficio empresarial simplemente dividiendo y subcontratando los grandes proyectos de restauración a otras pequeñas empresas forestales que sobrevivirán con las migajas de los grandes prepuestos. La maquinaria pesada de las grandes empresas de obra civil abrirá nuevos kilómetros de pistas para acceder a los últimos rincones donde las llamas arrasaron la vegetación. Incluso un sector del colectivo cinegético, el más ignorante, disparará con agrado a corzos o a jabalíes en esas áreas “despejadas”.

Y el incendiario estará viendo pasar los helicópteros sobre su cabeza sin que nadie, antes, le haya parado ni por el monte, ni por las pistas, ni por las carreteras y verá todos estos acontecimientos con la certeza y tranquilidad de que nadie llamará a su puerta ¿Por qué?

Porque todos los esfuerzos estarán volcados inicialmente en la extinción. Incluso los agentes forestales y los agentes del SEPRONA tendrán que dedicar sus esfuerzos a extinguir las llamas antes que a perseguir al delincuente.

Y porque después la ingente cantidad de dinero público que habrá que emplear tras el incendio, se dedicará a alimentar a todos y cada uno de los eslabones de esa terrible cadena de la economía del fuego.

Y todo ello porque la mayoría de las administraciones públicas implicadas, gestionan el medio natural con el prisma antropocéntrico, productivista e intervencionista de un tipo de ingeniería forestal trasnochada y no con la visión holística de una gestión ecológica que, entre otras cosas, entiende que los procesos naturales no funcionan al ritmo de los mercados y que todas las etapas de la sucesión ecológica son necesarias para alcanzar la plenitud del ecosistema.

Si se invirtiese ese modo de entender el medio natural, además de considerar el evidente valor intrínseco de unos montes bien conservados, se reconocería que cualquier ladera vegetada es la mejor garantía para la retención y suministro del agua, se entendería que es el más formidable cimiento contra la erosión, que representa la mejor herramienta para la lucha contra el cambio climático y se valoraría como paisaje para nuestra mirada. Se entendería, en definitiva, como algo muy valioso.

Y cuando algo es valioso, lo defendemos con uñas y dientes. Por lo tanto, ese nuevo modo de entender el medio natural debería dar un vuelco total a sus objetivos y prioridades, de modo que lo más importante debería ser evitar que se originen los incendios intencionados, es decir, la mayor parte de ellos.

Para ello los mayores esfuerzos deberían dedicarse a hacer difícil que un incendiario cometiese su delito con total tranquilidad e impunidad. Una mayor dotación, tanto de personal como de medios, en la vigilancia de los montes haría más difícil el sosiego del incendiario. Además las diferentes administraciones autonómicas tienen perfectamente localizados los municipios en los que los incendios son, no ya más frecuentes, sino vergonzantemente reiterados todos los años. El Plan 42 de la Junta de Castilla y León es un ejemplo.

Por otra parte, podrían desarrollarse políticas que desincentivaran la existencia de incendios y que desvincularan al máximo el empleo en el sector forestal de la ocurrencia o no de incendios. Esa estrategia no solamente reduciría la superficie quemada, evitando, por tanto, la pérdida ecológica, sino que ahorraría buena parte de los recursos económicos dilapidados en la extinción:

  • Mayor despliegue del SEPRONA, guardería y medios de vigilancia en los montes para impedir que los incendiarios actúen libremente, creando nuevas plazas y reduciendo la superficie a vigilar por cada agente.
  • Creación de unidades de investigación, dentro del SEPRONA, especializadas en la persecución de los incendiarios y que éstas estén dotadas de toda la formación y los medios para la obtención de pruebas e identificación y detención de los sospechosos.
  • Sueldos dignos y fijos para el personal de extinción y primas económicas, al final de cada campaña, vinculadas a objetivos de reducción de la superficie quemada y de ahorro, por tanto, en los gastos de extinción.
  • Incentivos y reconocimiento público a los municipios que no tengan incendios.
  • Eliminación o reducción severa de las ayudas económicas a las zonas quemadas por causas humanas.
  • Acotamiento efectivo para cualquier aprovechamiento de una zona quemada durante, al menos, 10 años.
  • Campañas de concienciación en el medio rural.
  • Teléfono centralizado y gratuito, independiente del 112, para la denuncia de incendios o de actitudes incendiarias.

En definitiva, aunque el problema de los incendios forestales es un tema grave y difícil de abordar, creemos que hay políticas que atienden más a la extinción y a la posterior intervención y otras que se centran más en evitar que se produzcan incendios y en reconocer el valor intrínseco de todos los ecosistemas de las áreas montanas. Nosotros creemos más en estas últimas, porque sabemos que los incendios forestales no son inevitables y porque es indudable que las montañas son la fuente de la vida para el resto de los territorios.

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